Ministerio de Desarrollo Municipal ¿solución o ilusión?
Quienes nos denominamos de corte municipalista, celebramos la creación del Ministerio de Desarrollo Municipal, con la firme convicción que al fin la clase política había entendido la importancia de un proceso de descentralización truncado que exigía la creación de una instancia de coordinación entre el Gobierno Central y los gobiernos municipales, ya que las prefecturas habían fracasado en su papel de nexo regional de coordinación entre ambos niveles de gobierno.
Las primeras palabras del ministro Paredes auguraban también que se había entendido que los Fondos de Inversión tenían que dejar de ser instrumentos políticos y debían de servir a los gobiernos Mmnicipales como una Banca de Inversión -la cual no tenemos por cierto en Bolivia- para concentrar los recursos en la planificación participativa como la verdadera expresión de la democracia participativa. Pero a pesar del discurso lo cierto es que los fondos siguen siendo dependientes del Ministerio de la Presidencia (brazo político del Gobierno Central) inclusive desconociendo un proceso de institucionalización que se había llevado en la gestión de gobierno pasada.
Son innumerables las tareas pendientes del proceso de transferencia de recursos y de competencias del Gobierno Central a los gobiernos municipales que han quedado inconclusos en el modelo de descentralización boliviano.
Comenzando con la difícil tarea de unificar a la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) -que agrupa a una treintena de municipalidades; entre las que destacan los de la principales ciudades del país- y a la Federación de Asociaciones de Municipalidades de Bolivia (FAM); apoyada técnica y financieramente por organismos de cooperación internacional, buscando romper la lógica del sindicalismo oportunista a una de asociativismo institucional.
Pasando por reformular la fracasada Política Nacional de Compensación (PNC), que una vez más ha demostrado que centralizar los recursos, congestiona las decisiones y evita incrementar la inversión pública que tanta falta nos hace. Y que de "yapa" no solo castiga a los que mayor cantidad de esfuerzos hacen por luchar contra la pobreza -posiblemente la lógica de que los pobres necesitan más recursos para ser menos pobres no sea la más adecuada hipótesis- sino que además inhibe la capacidad de gestión de los gobiernos municipales para conseguir recursos de la cooperación internacional pues castiga su "techo indicativo presupuestario"; dicho en cristiano, la cantidad de recursos que consiguen de la cooperación internacional es descontada de los recursos que les tocaría a través de la PNC.
Además de los problemas de Ordenamiento Territorial, que siguen durmiendo el sueño de los justos en el Poder Legislativo y seguro se olvidarán debido a que el ente rector de esta área ha quedado en el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.
O el Programa de Ajuste Estructural llamado Plan de Readecuación Financiera (PRF), que ha estrangulado mucho más a las ya altamente endeudadas municipalidades, disminuyendo su capacidad de inversión, pues sus reducidos ingresos debido a la recesión en la cual nos encontramos los tienen que destinar al Fondo de Garantía del PRF para el pago del servicio de la deuda.
Y terminando en el fracaso de la descentralización y la transferencia de la administración de educación y salud a los gobiernos municipales, con lo cual no sólo perdimos todos, porque con la cortina de humo de la "privatización" de estos servicios quienes nos gobiernan cedieron a las presiones de los sindicatos que vieron peligrar sus lógicas centralistas de poder, negando la oportunidad al ciudadano común de exigir más y mejores servicios educativos y de salud. También perdieron los gobiernos municipales porque de los recursos del HIPC -que de acuerdo a las conclusiones del Diálogo 2000 debían ser administrados en su integridad por los gobiernos municipales- el Gobierno central administra 27 millones de dólares (25 por ciento más o menos) en el Fondo Solidario Municipal para la Educación y la Salud Pública.
Seguro que la fragilidad de mi memoria deja varios asuntos pendientes en el tintero, tendremos que estar condenados por un tiempo más a que la solución a nuestros problemas cotidianos, sean decididos por burócratas sentados en los escritorios de los ministerios del ramo, sin posibilidad de la participación de la ciudadanía. A menos... a menos que exista una real voluntad política que a la fecha no hemos visto transcurridos los 90 días que pidió el nuevo gobierno de plazo.
Las primeras palabras del ministro Paredes auguraban también que se había entendido que los Fondos de Inversión tenían que dejar de ser instrumentos políticos y debían de servir a los gobiernos Mmnicipales como una Banca de Inversión -la cual no tenemos por cierto en Bolivia- para concentrar los recursos en la planificación participativa como la verdadera expresión de la democracia participativa. Pero a pesar del discurso lo cierto es que los fondos siguen siendo dependientes del Ministerio de la Presidencia (brazo político del Gobierno Central) inclusive desconociendo un proceso de institucionalización que se había llevado en la gestión de gobierno pasada.
Son innumerables las tareas pendientes del proceso de transferencia de recursos y de competencias del Gobierno Central a los gobiernos municipales que han quedado inconclusos en el modelo de descentralización boliviano.
Comenzando con la difícil tarea de unificar a la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) -que agrupa a una treintena de municipalidades; entre las que destacan los de la principales ciudades del país- y a la Federación de Asociaciones de Municipalidades de Bolivia (FAM); apoyada técnica y financieramente por organismos de cooperación internacional, buscando romper la lógica del sindicalismo oportunista a una de asociativismo institucional.
Pasando por reformular la fracasada Política Nacional de Compensación (PNC), que una vez más ha demostrado que centralizar los recursos, congestiona las decisiones y evita incrementar la inversión pública que tanta falta nos hace. Y que de "yapa" no solo castiga a los que mayor cantidad de esfuerzos hacen por luchar contra la pobreza -posiblemente la lógica de que los pobres necesitan más recursos para ser menos pobres no sea la más adecuada hipótesis- sino que además inhibe la capacidad de gestión de los gobiernos municipales para conseguir recursos de la cooperación internacional pues castiga su "techo indicativo presupuestario"; dicho en cristiano, la cantidad de recursos que consiguen de la cooperación internacional es descontada de los recursos que les tocaría a través de la PNC.
Además de los problemas de Ordenamiento Territorial, que siguen durmiendo el sueño de los justos en el Poder Legislativo y seguro se olvidarán debido a que el ente rector de esta área ha quedado en el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.
O el Programa de Ajuste Estructural llamado Plan de Readecuación Financiera (PRF), que ha estrangulado mucho más a las ya altamente endeudadas municipalidades, disminuyendo su capacidad de inversión, pues sus reducidos ingresos debido a la recesión en la cual nos encontramos los tienen que destinar al Fondo de Garantía del PRF para el pago del servicio de la deuda.
Y terminando en el fracaso de la descentralización y la transferencia de la administración de educación y salud a los gobiernos municipales, con lo cual no sólo perdimos todos, porque con la cortina de humo de la "privatización" de estos servicios quienes nos gobiernan cedieron a las presiones de los sindicatos que vieron peligrar sus lógicas centralistas de poder, negando la oportunidad al ciudadano común de exigir más y mejores servicios educativos y de salud. También perdieron los gobiernos municipales porque de los recursos del HIPC -que de acuerdo a las conclusiones del Diálogo 2000 debían ser administrados en su integridad por los gobiernos municipales- el Gobierno central administra 27 millones de dólares (25 por ciento más o menos) en el Fondo Solidario Municipal para la Educación y la Salud Pública.
Seguro que la fragilidad de mi memoria deja varios asuntos pendientes en el tintero, tendremos que estar condenados por un tiempo más a que la solución a nuestros problemas cotidianos, sean decididos por burócratas sentados en los escritorios de los ministerios del ramo, sin posibilidad de la participación de la ciudadanía. A menos... a menos que exista una real voluntad política que a la fecha no hemos visto transcurridos los 90 días que pidió el nuevo gobierno de plazo.
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