03 agosto 2011

Legalidad y legitimidad

Una de las banderas de lucha del Movimiento al Socialismo fue la despolitización de la justicia, cuando esta organización política antisistémica reclamaba –como la mayoría de los bolivianos- el cuoteo partidario de la administración de justicia.

Que fácil había sido transitar de una acera a otra, lo único que se requiere es estar en el poder para confirmar la frase célebre cambiar todo para que nada cambie. Ahora que tienen el control total del órgano legislativo ya no requieren ser parte del cuoteo para hacerse del control de todos los órganos del poder público. En algunas circunstancias hacen gala de su poder “metiéndole no más” por decreto, como ya ha sucedido con el nombramiento de las actuales autoridades “liquidadoras” del Poder Judicial y el copamiento casi absoluto del Ministerio Público.

Es cierto que la percepción de la gente en general, es que era necesario realizar profundos cambios en la administración de justicia boliviana. Pero no es menos cierto que mucho de lo que se dice o decimos, en la mayoría de los casos lo hacemos de memoria y sin tener un conocimiento real de los problemas del órgano judicial.

En una brillante exposición el ex Presidente de la Corte Suprema y ex Presidente de la República; Dr. Eduardo Rodriguez Veltzé, nos explicaba –con conocimiento de causa- que lamentablemente “el debate público parece concentrarse únicamente en la elección de los titulares de los Tribunales” olvidándonos del resto del sistema judicial, de su diseño y su correspondencia con un Estado Plurinacional, descentralizado con autonomías y con el principio del pluralismo jurídico.

No es posible pensar en administrar justicia con aproximadamente 1,000 jueces para todo el país (10 jueces x cada 100,000 habitantes), mientras el Consejo de la Judicatura cuenta con 1,000 funcionarios administrativos, y su asignación presupuestaria depende de la voluntad política del órgano legislativo, y no de la necesidades institucional de un órgano de poder independiente y “autónomo”.

Las nuevas autoridades del órgano judicial tendrán la responsabilidad de administrar justicia a partir de la nuevas leyes “estructurales” que han venido siendo aprobadas por el partido de gobierno como una maratón legislativa, ahorrándose el debate técnico, político y social, haciendo uso y abuso de la legitimidad electoral.

Yo particularmente no creo que democratizar la justicia sea la solución a un problema que requiere de alta especialización –meritocracia por ende- y personas de una trayectoria intachable –probidad- quienes tendrán que definir en última instancia que es justo y que no. No estoy dispuesto a que los más votados; es decir, los más populares sean los responsables de administrar justicia. Mientras no construyamos institucionalidad y la soluciones no se construyan de abajo hacia arriba; es decir, escuchando a los que día a día viven el problema, continuará la justicia al servicio del poder político.

El reto de quienes no estamos de acuerdo con el proceso electoral de octubre; por diferentes razones, es que este proceso carezca de legitimidad democrática. Y solo se obtiene eso, si los resultados finales demuestran que la mayoría de la gente no fue a votar, anulo su voto o voto en blanco. Esto nos permitirá como sociedad poder expresar nuestro rechazo a las acciones de las autoridades que gozaran de legalidad pero no de legitimidad.


Será su mismo discurso de la legitimidad del pueblo, la única fuerza que pueda luchar contra el monopolio legal de Evo Morales y sus sistémicos seguidores, y que ajuste cuentas.

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