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La Ley de Saneamiento Legal de Vehículos Indocumentados; es decir la ley para autos chutos, solo termina de mostrar la fragilidad del Estado para hacer cumplir la ley. Para hacer honor al artículo copiare y adaptare chutamente (ilegalmente) un mensaje que me llego a mi correo hace mucho tiempo atrás. Pertenezco a un país donde la ley de ser siempre “más vivo” es la moneda que siempre es valorada tanto o más que el dólar. Pertenezco a un país donde ser narcotraficante, contrabandista o coyote es mejor que ser emprendedor, micro, pequeño, mediano o gran empresario legalmente constituido. Un país donde hacerse rico de la noche a la mañana es una virtud más apreciada que formar un patrimonio a largo plazo basada en el trabajo, el esfuerzo, valores y respeto a los demás. Pertenezco a un país donde estudiar y esforzarte para culminar una carrera universitaria o un postgrado ha pasado de moda, y es mejor ser dirigente universitario o sindical para ocupar un puesto negociando el apoyo de tus “bases” con el partido del gobierno de turno. Pertenezco a un país donde, lamentablemente, los periódicos jamás se podrán vender como se venden en otros países, es decir, poniendo unas cajitas en las veredas donde uno paga por un solo periódico y saca un solo periódico dejando los demás donde están. Pertenezco al país donde las “empresas privadas” son librerías particulares de sus empleados deshonestos, que se llevan para su casa hojas de papel, lapiceros, bolígrafos, lápices, marcadores y todo lo que pueda hacer falta para la tarea de sus hijos, entre otras cosas. Pertenezco a un país donde la gente se siente triunfal si consigue colgarse del cable del vecino, puentea el medidor de luz o agua. Donde no hay interés por la ecología y las personas tiran la basura en las calles y luego se reclama al gobierno por no dar mantenimiento al alcantarillado. Pertenezco a un país donde la gente inventa a la hora de llenar sus declaraciones para no pagar o pagar menos impuestos o donde es mejor comprar facturas. Donde se pide rebaja a costa de que no me emitan factura. Pertenezco a un país donde la impuntualidad es un hábito. Donde los directivos de las empresas no generan capital humano. Donde no existe la cultura por la lectura y no hay conciencia ni memoria política, histórica ni económica. Pertenezco a un país donde nuestros legisladores trabajan levantando la mano para aprobar leyes que lo único que hacen es premiar al que no cumple la ley (mejor si es oficialista), jode al que se esforzó en cumplirla y beneficia sólo a unos cuantos. Pertenezco a un país donde las licencias de conducir y los certificados médicos se pueden “comprar”, sin hacer ningún examen. Donde puede subir una persona de edad avanzada, o una mujer con un niño en brazos o algún minusválido y la persona que viene sentada en el asiento especial para estas personas se hace la dormida para no dárselo y si alguien le reclama se levantará pero para dar un golpe o decir una mala palabra. Pertenezco a un país en el cual la prioridad de paso es para el automovilista y no para el peatón. Donde la gente busca como burlar la ley, pero que disfruta criticando a sus gobernantes. Mientras más le digo corrupto a Goni, mejor soy yo como persona, a pesar de que apenas ayer me consiguieron todas las preguntas del examen de mañana. Cualquier similitud con la realidad de la Bolivia chuta es pura coincidencia.

El nacimiento del Estado Autonómico fue un proceso largo y muy costoso, pero finalmente con las elecciones del 4 de abril del 2010 y la posesión de sus autoridades el 1 de junio de mismo año, pario la burra. La autonomía no fue una concesión del Movimiento al Socialismo, se la arrancamos. Y no precisamente los que la enarbolaron como bandera política, sino quienes siempre creímos que la descentralización estaba incompleta y que “el mejor gobierno es el que está más cerca del pueblo”, defendiéndola a su turno de los distintos gobiernos que siempre tuvieron tentaciones centralistas. Una vez conocidos los resultados electorales de las elecciones de abril del 2010, el Movimiento al Socialismo había logrado la victoria en 6 de las 9 Gobernaciones; aunque tenía mayoría simple en 8 de las 9 Asambleas Legislativas Departamentales, y solo había logrado ganar en 2 de los 10 principales Gobiernos Municipales (9 capitales de departamento y El Alto). A pesar del fuerte bajón de electores que votaron por el partido de gobierno que en menos de cuatro meses (diciembre de 2009 a abril de 2010) obtuvo casi un millón de votos menos. Los resultados electorales de las Gobernaciones excepto Pando (donde solo se requieren muy pocos votos para alterar el resultado y aparentemente hubo un fraude) no muestran grandes sorpresas. Lo llamativo es la pérdida en las Alcaldía de La Paz y Oruro, y de otros municipios como Achacachi, Llallagua, Quillacollo y Punata entre otros también del Occidente. Lo cierto es que inmediatamente después de los resultados e inclusive antes de la posesión de algunas de estas autoridades -Quillacollo es un ejemplo de esto- se inició la cacería de brujas (de alcaldes quise decir) a través de mecanismos judiciales, que posteriormente fueron “legalizados” con la aprobación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. A su turno cayeron los alcaldes de Quillacollo, Punata, Sucre, Potosí, Warnes, Pailon y Buenavista, sin olvidar que están en proceso la Alcaldesa de Oruro y estuviera en cartera el Alcalde de La Paz. Lo propio ocurrió con el Gobernador de Tarija (ahora en el exilio), y se está cocinando –si cocinando- la destitución de los Gobernadores del Beni y Santa Cruz. Y si para esto se tiene que inventarse la existencia de un pueblo indígena o abrir causa contra ellos por comprar autos usados, nombrar a un delegado anticorrupción o por reparar un motor de luz, no importa. El proceso autonómico está en crisis; los chinos expresan crisis por dos caracteres, uno que representa peligro y el otro oportunidad. La verticalidad del mando político en el Movimiento al Socialismo; que inhibe los liderazgos intermedios, sumado a la visión centralista del proyecto político de gobierno que busca la hegemonía total, y sumada la crisis fiscal del gobierno nacional, conspiran contra el desarrollo autonómico del Estado. Al otro lado de la vereda, se muestra la presencia de referentes –individuales- locales y regionales emergentes, que obligan a pensar en un nuevo sistema político de agregación de visiones y paradigmas, sustituyendo al viejo sistema político centrado en el caudillismo partidario. Lo cierto ahora es que por la razón o la fuerza –como dice la leyenda del escudo chileno, ahora que está de moda-  el Movimiento al Socialismo ha buscado copar todos los espacios estatales institucionales del poder público a través de la toma de los órganos ejecutivo, legislativo, electoral y ahora judicial (división horizontal del poder), del gobierno nacional, los gobiernos departamentales, municipales e indígena originario campesinos (división vertical del poder). El Estado Autonómico no estuvo, no está y no estará en la visión política del MAS.

Desde que en el Palacio de Gobierno tenemos a un dirigente sindical en vez de un estadista, las instituciones están pretendiendo ser transformadas a partir de su comprensión de la política a título de la refundación del país con el –tan mentado- proceso de cambio, cuyo instrumento principal es la Nueva Constitución y la instauración del Estado Plurinacional. Esta lógica –sindical- ha transformado al Congreso Nacional en la Asamblea Legislativa Plurinacional y sus respectivas normas internas, limitando el debate político al fijar posición e inmediatamente someterlo al voto. Han sido innumerables las ocasiones; por no decir todas, que este Órgano se ha convertido en un espacio de gimnasia de genuflexión manual (levantando la mano) de las órdenes de Evo Morales. La última demostración de esto último es, que mientras los asambleístas del oficialismo se rasgaban las vestiduras diciendo que no se podía modificar ni una coma la Ley del Régimen Electoral, el presidente ordeno la modificación del artículo 82 de dicha norma. En un acto de subordinación vergonzosa, el Órgano Electoral inmediatamente elaboro una propuesta para hacer eco de la propuesta del Secretario Ejecutivo del Sindicato que gobierna. ¿Cuál es el objetivo de la elección de las autoridades del Órgano Judicial? ¿Democratizar la justicia? O a título de que el pueblo gobierna, copar una institución cuyo único mérito de sus autoridades, será haber sido propuesto en las ternas por el partido oficialista o en el mejor de los casos ser algo popular. La lógica del Presidente es sindical, la justicia la administra la Asamblea del sindicato y como no puede organizar a todo el país en un sindicado, entonces nombra “delegados judiciales” de la voluntad popular. Votar por las máximas autoridades del Órgano Judicial ¿hará que nuestra democracia sea más sólida? ¿Garantizará que sus decisiones sean las más ecuánimes o justas? ¿Qué el principio de imparcialidad se cumpla? ¿Qué tengamos el derecho al debido proceso? ¿Qué la presunción de inocencia sea respetada? ¿Qué los opositores de ahora o de mañana, tengan garantías a sus derechos humanos o constitucionales? Lamentablemente la respuesta es NO, simplemente confirmaremos que seguimos con la justicia al servicio del poder político de turno. La administración de justicia, no necesita ser democratizada. Necesita gozar de autonomía, tal como reza la antigua y la nueva Constitución. Necesita de gente capaz, idónea y proba, que no esté sujeta a los caprichos políticos de quienes circunstancialmente los eligieron; o en este caso, los seleccionaron. Que pueda administrar sus propios recursos (humanos y financieros), para tener el suficiente personal capacitado y que pueda llegar a los rincones más lejanos del país, sin que los ciudadanos sientan una especie de inexistencia del Estado para en base a razones se resguarden sus derechos y se castigue a quienes los vulneren. Y eso, solo lo lograremos cuando se cumpla un principio básico del cualquier Estado moderno. Cuando exista una real separación de los Órganos del Poder Público y estos funcionen con autonomía. Y cuando a partir de esto se comprenda que el desarrollo democrático de un país, pasa por cualificar a sus cuadros encargados de la administración de estos órganos. Mientras tanto, los ciudadanos estaremos sujetos al capricho de quienes sustentan el poder político y por ende prisioneros de la prebenda o el clientelismo de caudillos que abusando de la ignorancia de la gente, ostentan el poder a título de la democracia.

Inmediatamente después de escuchar a varios funcionarios de gobierno de acusar a un grupo de la Central Obrera Boliviana –en especial del magisterio- de trotskistas, me vino a mi mente el título de un libro mexicano escrito por un caricaturista famoso apellidado Rius, del cual sin su consentimiento me “robe” el nombre para este artículo. Y es que el libro narra como el “amado y seguido por las masas, teórico y agitador, creador del ejército rojo, cerebro de la revolución de octubre y amigo íntimo de Lenin, fue atacado, perseguido, desterrado de la Unión Soviética” por Stalin. Como al gobierno se le agoto el discurso de la derecha neoliberal o separatista, de los agentes de la CIA y de la embajada americana, para tapar su incapacidad de resolver las principales reivindicaciones de la población después de más de cinco años de gobierno, decidió usar ahora como chivos expiatorios a los trotskistas. No sabe cómo explicar cómo, a pesar de que los ingresos del Estado se triplicaron del año 2005 (15 mil millones de bolivianos) al año 2010 (44 mil millones de bolivianos); principalmente gracias a la aprobación de la Ley 3058 promulgada por Hormando Vaca Diez (q.e.p.d.) y votada en contra por los diputados del MAS (entre ellos Evo Morales), no puede satisfacer la demanda de mejores ingresos para los asalariados o peor aún para los miles de jubilados. Claro que tiene 300 millones de dólares para la compra de un satélite, o 35 millones de dólares para la compra del avión presidencial (desaparecido por cierto), solo por mencionar algunos de los caprichitos del Presidente Morales. Lo que es más grave, esconde información respecto a: la deuda pública, el incremento de los gastos corrientes (de funcionamiento) del gobierno, la total y absoluta dependencia de los hidrocarburos, la elevada inflación en los artículos alimentarios. Develando que Bolivia ha estado viviendo en una burbuja que se pinchó, esto sin contar los costos futuros de las mentadas “nacionalizaciones”, fruto del pago de las indemnizaciones a las cuales estará sujeto el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Será que la Suiza que nos prometió el Presidente en uno de sus largos discursos un 6 de agosto de 2006 en la capital de la República, está cada vez más lejos?. ¿Cómo tapar todos estos datos lacerantes de la realidad? Colocando cuanta cortina de humo se le ocurre, pintando diablos en las paredes y acusando a algunos dirigentes sindicales –que cuestionados por sus bases de serviles al gobierno- han tenido que reclamar por el bolsillo de los trabajadores, de trotskistas contrarevolucionarios. Al no tener enemigo al frente –y no me equivoco cuando digo enemigo y no adversario- necesitan construir el mito de alguien que les impide cumplir llegar a la “tierra prometida” a partir del proceso de cambio o de la revolución democrática. Si no, pregúntele a Cuba que ha logrado conservar un régimen dictatorial, utilizando al Tío Sam como factor de cohesión, no admitiendo la pluralidad a título de atentar contra la revolución. Por eso, que el gobierno y en especial los asesores de imagen del Presidente Morales, necesitan cualquier chivo expiatorio que les permita reposicionar la imagen de Evo o por lo menos cerrar filas en torno a él, usando cuanto argumento sea posible. Y que otra cosa más brillante hubieran encontrado los Stalinistas del gobierno que decir que el diablo se llama Trosky.

La justicia siempre se ha representado por una mujer con los ojos vendados, una balanza en una mano y una espada en la otra. Los ojos vendados simboliza que no tiene favoritismos por nadie, la balanza es que sus decisiones se basan en hechos y la espada el vigor con el cual se debe implementar sus resoluciones. Uno de los anhelos más importantes de nuestra sociedad ha sido mejorar la calidad de la administración de justicia. Una de las principales causas a la cual se ha atribuido la ineficiencia del sistema judicial, fue al alto grado de politización de este órgano de poder público. Varios han sido los esfuerzos por mejorar la calidad de este órgano, sin comprender que difícilmente se lograra este objetivo si no se avanza en que la administración de este importante órgano se rija en los principios de meritocracia y autonomía financiera. Lamentablemente, hoy se pretende coptar este órgano que debería de gozar de independencia a través de un reglamento aprobado por la mayoría oficialista que condicionara la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y los miembros del Consejo de la Magistratura. El Tribunal Supremo de Justicia es la última instancia de apelación de la jurisdicción ordinaria, el Tribunal Agroambiental es el máximo tribunal especializado de la jurisdicción agroambiental, el Consejo de la Magistratura es la instancia responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas y el Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. Como usted verá no es poca cosa las autoridades que el poder político pretende designar a través de un mecanismo pseudo-democrático. Y ahora, ¿quién podrá defendernos?. Lamentablemente no habrá Chapulin Colorado, porque ahora estaremos sujetos al monopolio legal de Evo Morales quien concentrará como nunca en la historia del país el poder total del Estado Plurinacional. Muy lejos estaremos de esa figura que simboliza la imparcialidad, la ecuanimidad y el respeto a la ley. Ahora que los miembros de estos tribunales estarán en manos de militantes del proceso de cambio –camuflados o no- que definirán en última instancia el apego a la Constitución y las leyes de los ciudadanos (gobernantes y gobernados). Lo que me parece más grave todavía es que sin entender el fondo del problema, los medios de comunicación están distraídos en una discusión estéril, sobre si les permitirán o no informar sobre los candidatos. De qué sirve informar sobre los candidatos, si todos estos serán militantes “encubiertos” del proceso de cambio. O para ser más claro, los bolivianos –con información o sin información- tendremos que “elegir” entre candidatos patrocinados por el Movimiento al Socialismo. Los opositores al régimen de Evo Morales, correremos una suerte muy similar a la de Leopoldo Fernandez que está preso desde hace más de dos años y medio sin que hasta el día de hoy medie imputación formal (en cristiano, sepa de que se lo está acusando). La única verdad es que la justicia estará sometida al servicio del poder político –hoy en manos del MAS- y que los ciudadanos estaremos librados a nuestra fortuna.

Desde que Evo Morales asumió la presidencia de la República, nos quieren hacer creer que los ratones están cuidando el queso. Desde ese entonces hasta ahora Evo, no ha dejado de ser presidente de las seis federaciones de cocaleros del Chapare. Evo Morales creció sindicalmente y luego políticamente defendiendo el cultivo de la hoja de coca en el país, y en especial en el Chapare. A pesar que se ha demostrado que la coca del Chapare no es apta para el acuillicu y solo es usada para la fabricación de cocaína. El dirigente cocalero y ex alcalde de Villa Tunari Felipe Caceres es ahora el responsable del “control social” de la plantación excedentaria de la hoja de coca y de la lucha contra el narcotráfico como Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas. Pero, ¿qué control social pueden ejercer los que viven muy cómodamente de un cultivo que no requiere atención? y que produce entre 2 o 3 cargas por cato (0.16 Ha) y se cotiza entre 1,500 y 2,220 Bs por carga; es decir, entre 12,000 y 36,000 Bs por año (suponiendo solo 4 cosechas por año). Si en Bolivia existen 31,000 Ha de hoja de coca (según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU), estamos hablando de un negocio que mueve entre 300 y 900 millones de dólares por año. El año pasado Monseñor Tito Solari hizo las siguientes declaraciones “Después de hablar con los párrocos, profesores y padres de familia, siento la preocupación de que hay jóvenes, sobre todo de colegio, que en las noches salen para trabajar en el tráfico de cocaína. Eso se da. Después también hay otras cosas graves como ésta: pasajeros que vienen de Santa Cruz, que quieren comprar naranjas o mandarinas y llegan de carrera chicos (menores de edad) a ofrecer cocaína y bolsas de cocaína en plástico. Este es el asunto que nos preocupa”. Dichas declaraciones provocaron la ira de Evo Morales y de todos los dirigentes cocaleros que arremetieron duramente contra Solari, exigiendo en algunos casos su expulsión del país. La iglesia católica en su Carta Pastoral Cuaresma 2011 dice “La economía de la coca, por su rendimiento económico elevado, actúa como catalizador para varios pequeños y medianos productores que hacen de ella casi su único cultivo. La plantación excedentaria de la hoja de coca sigue siendo una tentación que incentiva la migración de pobladores movidos por la falta de alternativas concretas de ingresos. La ganancia aumenta significativamente si se entra en la cadena productiva del narcotráfico que se alimenta de las necesidades económicas de las personas o de sus aspiraciones, pero que desconoce los valores éticos. El narcotráfico sigue siendo el destino de dicho cultivo excedentario.” Es tan grande la influencia de este negocio en el gobierno del Movimiento al Socialismo, que nada menos que el Jefe del Centro de Inteligencia y Generación de Información (CEGEIN) del Ministerio de Gobierno encargado de la lucha contra el narcotráfico, fue detenido en el aeropuerto internacional de Panamá, junto a uno de sus colaboradores, cuando hacía tránsito e inmediatamente entregado a los agentes de la Oficina Anti Drogas de Estados Unidos (DEA) para ser procesado en ese país bajo cargos de tráfico de estupefacientes Está claro, no solo por la dimensión económica, sino fundamentalmente por la dimensión política –los cocaleros son la principal fuerza social incondicional de Evo Morales- que este gobierno no ha hecho, ni hará nada que atente contra este negocio. Así que mientras el Movimiento al Socialismo este en el poder, los ratones seguirán cuidando el queso.

En junio del 2010, me llamo la atención un artículo publicado en la revista Poder y Placer donde Jefrey Sach uno de los gurús de la economía, sentenciaba que “Bolivia es una burbuja que se va pinchar”. Durante más de 5 años insistimos en que la bonanza internacional de los precios altos de las materias primas, más la nueva Ley de Hidrocarburos -aprobada por Hormando Vaca Diez- había generado ingresos extraordinarios para el país, pero que estos no estaban siendo correctamente invertidos por el gobierno del Movimiento al Socialismo, para generar una economía de base ancha. Lo interesante del artículo de Sach, es que coincidía con nosotros que “el crecimiento económico por sí solo no basta. Si no se transforma ese crecimiento en inversión pública, no va a funcionar”. La ineficiente gestión de gobierno sumando a la dependencia de los hidrocarburos ha develado que el país nuevamente está transitando por el peligroso camino del déficit fiscal. Así lo ha confirmado el Ministro de Economía, anunciando que el déficit fiscal para el presente año será de unos 880 millones de dólares equivalentes al 4.2% del Producto Interno Bruto (PIB), utilizando este argumento para negar a los sectores populares un incremento superior al 10%. El problema no solo es el déficit fiscal, sino también la abultada deuda interna y externa del país. A diciembre del año pasado, la deuda externa reconocida por el Banco Central de Bolivia es de 2,826 millones de dólares. Según declaraciones del Ministro de Economía cuando se le cuestionó sobre la deuda interna dijo “No tengo los datos exactos, pero la deuda externa está por encima de dos mil millones de dólares, (sobre la deuda interna), los datos deben encontrarse en la página del Banco Central de Bolivia”, datos que obviamente no existen ni en la página web del Banco Central de Bolivia, ni en el de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), y tampoco en la de ninguna de las Administradoras de Fondos de Pensiones. El gobierno del Presidente Morales se ha endeudado a diciembre del 2010 la escalofriante cifra de 4,928 millones de dólares, a un promedio de 1,000 millones de dólares anuales. Esto significa que aproximadamente debemos en total (deuda interna más deuda externa) cerca de 8,000 millones de dólares; sin contar los 3,091 millones de dólares que desde el año 2006 nos han condonado al país por gestiones de anteriores gobiernos, siendo la deuda más alta del país en toda su historia. El otro aspecto preocupante es que el gasto en funcionamiento (corriente) se subió de 18.255 millones de bolivianos en 2005 a 27.257 millones de bolivianos en agosto de 2010 (más de un 50%). A pesar de que el Gobierno se esfuerza en realizar anuncios sobre la efectividad en la recaudaciones impositivas; el Servicios de Impuestos Nacionales anuncio que en los primeros tres meses del año se han incrementado las recaudaciones en un 46% respecto a similar período del 2010 y la Aduana Nacional asegura que incremento sus recaudaciones en 35% en el mismo periodo, no hay recaudación que alcance para dicho incremento en el gasto. Para nadie a estas alturas es un secreto que existe una deficiente gestión de gobierno, que no tiene rumbo para resolver los problemas estructurales de pobreza y desempleo, por lo que podemos afirmar categóricamente que la burbuja se pincho.

Mientras el país se debate entre la escasez de productos alimenticios, el alza generalizada de todos los precios, la demanda de un incremento adecuado a la canasta básica familiar por parte de los asalariados, el tarifazo del transporte y el escándalo del general de la policía encargado de la inteligencia del Ministerio de Gobierno vinculado a redes de narcotráfico, el gobierno trata de poner cuanta cortina de humo se le pueda ocurrir. El 23 de marzo el presidente Morales, veinticuatro horas después de haber dado unas declaraciones a la prensa escrita chilena dio un giro inesperado y adviertio con acudir a organismos internacionales para que Bolivia reivindique la legitima aspiración de una salida soberana al mar. Hábilmente – como lo hicieron otros gobernantes de turno- presionado por los problemas internos nos ha introducido en una discusión a todo el país sobre ¿cuál debe ser la política exterior en relación al tema marítimo?. Recurriendo a este sentimiento de cada boliviano, pretende recuperar su popularidad tan venida a menos en los últimos tres meses desde su fracasado gasolinazo. También, de manera inesperada decidieron desempolvar los juicios a los ex Presidentes Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa, por la firma de contratos “lesivos” contra el Estado con las petroleras transnacionales. A Tuto se lo acusa de haber firmado 4 contratos de exploRación que debieron –según la parte acusatoria- haber sido aprobados por el Congreso y por daño económico al Estado. La antigua y actual Constitución establece que los contratos de exploTación deben ser refrendados por el legislativo para tener valor legal. En ninguno de esos contratos el Estado erogo un solo centavo y no se extrajo ni una sola gota de gas o petróleo (pues solo buscan determinar la existencia o no de hidrocarburos). Todos los contratos fueron firmados por el Presidente de YPFB como correspondía, no así por el ex Presidente Quiroga. Al segundo se lo acusa de haber firmado un contrato por el campo Montecristo que fue concedido a la empresa Chaco S.A. en 1996, como producto de la licitación pública internacional que ésta ganó en el proceso de capitalización de 1994, mismo que fue firmado el presidente de YPFB Jaime Barrenechea el 9 de febrero de 2004, después de varios reclamos de regularización de dicha empresa. Lo magistral del caso es que todos los contratos, fueron “adecuados” por el Presidente Morales a través de Leyes promulgadas el 23 de abril de 2007, donde se respeta el campo, la empresa petrolera y el plazo de explotación o exploración. Por si esto fuera insuficiente, tuvo lugar la visita del Jefecito Chavez para disque firmar importantes acuerdos bilaterales. Lo único cierto es que no quiso asumir posición respecto a nuestra demanda marítima y que les llamo la atención a los ministros de Evo porque el ALBA no termina de amanecer hasta ahora. Lo cierto es que a pesar de estas cortinas de humo, esta semana comenzaron nuevamente las movilizaciones de una COB cuyos dirigentes han tenido que enfrentarse al gobierno por la presión de sus bases que ya no se tragan el cuento del cambio. No nos extrañe que ahora que se viene la semana santa, tengamos a un Presidente cual beata en reflexión pidiendo unidad al pueblo para tirar otra cortinita de humo más. El pueblo ya no solo quiere circo, también pide pan.

A propósito de este 23 de marzo, Bolivia debe agradecerle a Juan Evo Morales Ayma que hemos perdido sistemáticamente por lo menos la oportunidad de recordarle al mundo en todos los foros internacionales, el derecho irrenunciable de Bolivia de un acceso soberano al mar. Hemos cambiado nuestra política de Estado –posiblemente la única- por los besos, arrumacos e intercambio de regalitos (charangos, poleras de las respectivas selecciones, etc.) visitas de jefes de la Fuerzas Armadas, que en términos prácticos no han movido un centímetro la posición del Estado Chileno respecto a nuestra situación de enclaustramiento. Y en vez de ser un tema de la agenda internacional multilateral, la hemos reducido a 1 de los 13 puntos de la agenda bilateral con Chile. Y ¿dónde quedo el slogan de gobernar obedeciendo al pueblo? Hasta donde recuerdo el primer referéndum realizado en la última época democrática, el pueblo boliviano voto en julio del 2004 mayoritariamente por el SI a la pregunta “¿Está usted de acuerdo con la política del presidente Carlos Mesa de utilizar el gas como un recurso estratégico para el logro de una salida útil y soberana al océano Pacífico?”. O será que terminado el mandato del entonces Presidente Mesa, nos olvidábamos de esta pregunta?. Lo cierto es que Chile se cansó de la informalidad del gobierno boliviano, y a pesar de por primera vez tener un gobierno con amplio respaldo popular –en palabras de diplomáticos chilenos- no ha sido posible avanzar en nada que sea de beneficio para el pueblo de Bolivia. Es más, le seguimos regalando las aguas del Silala. Exportamos todos nuestros productos –incluidos nuestro principal producto industrializado, la cocaína- por puertos chilenos generándoles un movimiento económico extraordinario, y lo que es peor tenemos una balanza comercial (ventas menos compras de bienes y servicios) deficitaria o lo que es lo mismo nos venden más de lo que nosotros les vendemos. Lo que es peor, Chile ya tiene operando una planta regasificadora en la bahía de Quintero, con una capacidad para procesar 10 millones de metros cúbicos por día de gas natural (más de la tercera parte del gas que le vendemos al Brasil) comprando gas de ultramar y de esa manera no depender energéticamente de Bolivia. Así que nuestra capacidad de negociación respecto al mar se ha visto disminuida, y nuestra posibilidad de venderle energía también. Lo insólito es que ahora nosotros le compramos gasolina a Chile. La actual Constitución en su artículo 267, define como “objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano” “la solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio”; “sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo”. El Presidente de Chile ha manifestado “Hoy día la soberanía no está sobre la mesa. El presidente (Sebastián Piñera) ha sido muy claro en esta materia: lo que nosotros estamos buscando es colaborar con Bolivia en un tema que tiene muchísimos años en tratar de mejorar su acceso al mar”. Con lo cual se ha cerrado –ya sea por el lado Constitucional o por el lado Chileno- la posibilidad de que Bolivia logre esta reivindicación histórica que tiene fuertes connotaciones económicas.

Seguramente esa debe ser la principal preocupación que comparten miembros del gobierno nacional, departamental y municipal, y los ejecutivos de los diferentes sectores sociales que abiertamente manifestaron su apoyo incondicional a Evo Morales y al proceso de cambio. Y ahora, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A quién le echamos la culpa de la subida de la gasolina? A los miles de bolivianos que se benefician de contrabandear (exportar sin pagar impuestos, generando grandes ingresos para ellos y divisas para el país) a los países vecinos gasolina en botellitas de Coca Cola pegadas a sus cuerpos. A la incapacidad de la Aduana Nacional o del COA, o mejor de la Policía Boliviana o del Comando Conjunto a la cabeza de Juan Camión Quintana. A los neoliberales del pasado que osaron subvencionar los precios de los carburantes para evitar una presión inflacionaria sobre los alimentos básicos de la canasta familiar. ¿A quién le echamos la culpa de la subida del precio del azúcar? A los miles de pequeños comerciantes que gracias al libre mercado llevan el pan día a día a sus hogares. A los incapaces de EMAPA que en vez de ayudar a bajar el precio, de manera espectacular contribuyeron a la subida de más del 100%, monopolizando la comercialización del producto, “beneficiando” a algunos militantes del proceso de cambio. O a los productores de azúcar, que “engañaron al gobierno al no avisarle que la producción había mermado en un 30% y seguían exportando” según el aún Vicepresidente. ¿A quién le echamos la culpa de la subida del pollo? A los productores de granos que disminuyeron su producción, primero porque les prohibieron la exportación de los productos con valor agregado, segundo por la inseguridad jurídica de sus tierras y tercero por los constantes ataques a los productores agropecuarios. A los productores de pollos, por no haber informado al gobierno de la escasez de alimentos para sus pollos (aunque creo q lo hicieron reiteradamente). Al Presidente –ups creo que a él no le podemos echar la culpa- por haber dicho que comer los pollos alimentados con hormonas femeninas causa la homosexualidad, generando una baja expectativa de compra por lo que se redujo la producción. ¿A quién le echamos la culpa del alza de las tarifas del transporte? A los transportistas insensibles que desde hace más de 10 años no incrementan sus pasajes y han traicionado el proceso de cambio. Al gobierno insensible que no autoriza el incremento; a pesar que su propio estudio indica que hay razones de sobra para hacerlo, que cree que las familias de los transportistas se alimentan de gas natural vehicular (GNV). A los gobiernos municipales –en especial a los opositores- que no hacen nada para controlar la subida de los pasajes. Y ¿porque la misma pregunta se repite en todo lado? Porque los maestros, fabriles, mineros, campesinos e indígenas son parte de este gobierno. Ya sea en la Asamblea Legislativa Plurinacional domo Diputados o Senadores, en el Órgano Ejecutivo Nacional como Ministros o Viceministros, o en algún gobierno departamental o municipal como Asambleísta Departamental o Concejal. Echarle la culpa a los de antes sirve por un tiempo, pero hasta por ahí nomás. Entonces ahora no saben si echarse la culpa a unos o a otros, porque finalmente pertenecen a los mismos sectores sociales que llegaron al poder –aunque no estoy seguro de eso- para no irse de palacio. Y ahora ¿a quién le echamos la culpa?

HASTA EL MOMENTO, HAY DOS PROYECTOS EN DEBATE EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Las dos propuestas de estatuto autonómico que fueron presentadas a la Asamblea Legislativa Departamental plantean cambios en la conformación de los poderes Ejecutivo y Legislativo departamental que darán lugar a una necesaria remoción de todas las autoridades electas el 4 de abril de 2010, incluido el Gobernador. Esta propuesta está incluida en dos proyectos de estatuto: por un lado el elaborado por el Consejo Autonómico Departamental (a cargo del Movimiento Al Socialismo y representantes de 60 instituciones afines con esa línea política) y, por otro, el presentado por el asambleísta opositor Oscar Mercado (TPC) junto a los exconstituyentes Gamal Serhan (Podemos) y Ricardo Pol (UN). La propuesta afín al oficialismo plantea la presencia de un vicegobernador, que deberá ser electo de manera democrática junto al gobernador. Esa figura actualmente no existe en el poder Ejecutivo departamental. La elección tendría que hacerse en cuanto el nuevo estatuto sea aprobado. Una situación similar se ve con la primera propuesta presentada por la oposición que, además de plantear la figura del vicegobernador (coincidiendo con la propuesta oficialista), también habla de la remoción de las autoridades departamentales (Edmundo Novillo y todos los asambleístas actuales) establecidas en las disposiciones transitorias, tal como ocurrió tras la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado. Según explicó Gamal Serhan, esta posición fue presentada por la otra “novedad” que plantea el documento que entregaron a la Asamblea, pues propusieron que en el Legislativo departamental se tengan asambleístas electos en circunscripciones trinominales, siguiendo el ejemplo del mecanismo electoral empleado para conformar la Asamblea Constituyente de 2006 (dos por mayoría y uno por minoría). Proyectos  Al margen de estos futuros cambios, en la Asamblea Departamental informaron que todos los ciudadanos que viven en Cochabamba tienen derecho a presentar propuestas, que podrán ser incluidas en el futuro estatuto autonómico de Cochabamba, pues según establecen la Constitución y la Ley Marco de Autonomías, esta ley madre a nivel departamental debe ser redactada con la mayor participación ciudadana posible, informaron asambleístas legislativos departamentales del oficialismo y la oposición. ¿Hasta cuándo se deben presentar estas propuestas?, ¿dónde se las puede presentar? y ¿cómo se puede participar en este proceso de redacción? son algunas de las interrogantes que todavía faltan definir, pues aún no se ha aprobado el reglamento de debate para la elaboración del estatuto autonómico cochabambino, que deberá estar listo a más tardar al finalizar este mes. Impuestos para la región Otra de las propuestas incluida en el proyecto de estatuto del sector opositor de la Asamblea  Departamental plantea la creación de una “coparticipación tributaria a la inversa”, que consiste en repartir los montos que se recaudan por impuestos en Cochabamba entre el nivel central del Gobierno, los municipios, la universidad y la Gobernación. “Nosotros no planteamos que se divida la torta, lo que estamos proponiendo es crear una más grande a través de la corresponsabilidad fiscal, que los cochabambinos asumiríamos desde la Gobernación, para controlar la informalidad y tener mayores recursos”, dijo Gamal Serhan, quien aclaró que plantearon “un 20 por ciento de esos recursos para la Gobernación, sin tocar el 20 por ciento de los municipios y el cinco por ciento de las universidades”. Si bien éste es un tema que se va a definir con el Gobierno central a través del esperado pacto fiscal, que se efectuará tras conocerse los resultados del Censo de 2012, los opositores aseguran que esta norma departamental pueden “colisionar con las leyes nacionales (como la propia Ley Marco de Autonomías).

Recuerdo todavía las palabras llenas de soberbia del cuasi matemático y Vicepresidente en funciones diciendo “hemos dado cátedra en economía, no sólo al país, sino a todo el continente”. “Gracias a la nacionalización de los hidrocarburos y el manejo solvente de la economía” hemos incrementado las Reservas Internacionales de 1,700 a 10,000 millones de dólares, dice la propaganda del gobierno. La acumulación de reservas internacionales es el resultado de las transacciones (ingresos menos gastos) que un país realiza con el exterior. ¿Cómo sucedió esto en este periodo? Le explicaremos al catedrático: 1. Las remesas (dinero enviado por bolivianos que tuvieron que irse del país para buscar empleo) crecieron 4 veces más. 2. Exportamos 3 veces el volumen de gas a 4 veces su precio (subimos de $200 MM a $2,400 MM en 5 años). 3. Exportamos materias primas y minerales a 4 veces más su precio debido a la demanda de China e India fundamentalmente ($1,300 a $4,500 MM anuales). 4. Nos condonaron más de la mitad deuda externa ($5,100 a $2,200 MM total) con lo que disminuyeron nuestros pagos anuales de capital e intereses al exterior. 5. Nuestras exportaciones de cocaína se han incrementado 10 veces más, generando ingresos de divisas sin precedentes en el país, lo que nos permite darnos el lujo de apreciar nuestra moneda en relación al dólar americano. Ninguna de estas variables dependió de la voluntad implícita o explícita de este gobierno, todo esto fue a puro piloto automático. Andrés Solíz Rada dice que “La nacionalización dispuso el incremento de la tributación en los mega campos de gas del 50 al 82 %, el que debía consolidarse con los resultados de las auditorías a las compañías, las que al haber sido ocultadas desde hace cinco años, obligó a que el país devolviera hasta el último centavo de ese excedente”. Es decir los ingresos extraordinarios que tiene el Tesoro General se debe a la Ley 3058 de Hidrocarburos promulgada por Hormando Vaca Diez (Q.E.P.D.), no por la falsa nacionalización. El gasolinazo, no fue otra cosa que la confirmación de la dependencia de los hidrocarburos (objeto de un artículo pasado) de la cual somos sujetos en el país y de la terrible crisis energética que tendremos en pocos años más, debido entre otras cosas a la incapacidad e ineficiencia de quienes hoy manejan el sector. Nos hemos convertido de polo gasífero a hueco energético. La deuda pública interna del TGN se ha incrementado de 1,364 (en el 2006) a 4,502 millones de dólares (en el 2010) y la deuda externa creció en 3,564 millones de dólares, 472 millones de dólares más de la condonación de la deuda que nos otorgaron los organismos internacionales y países amigos, sin considerar todavía el endeudamiento externo del año 2010. En 5 años Evo Morales ha endeudado al país en 4,928 millones de dólares, es decir, un promedio de 1.000 millones de dólares anuales. Mientras otros países han avanzado a pasos agigantados en los procesos de integración comercial con la Unión Europea y Estados Unidos, nosotros no solo hemos parado esas negociaciones sino que además hemos castigado a los productores que exportaban (a título de soberanía alimentaria), agregándole un efecto paralizante sobre agentes económicos por la inseguridad jurídica. Esa es la razón del desabastecimiento y la falta de empleo en Bolivia, no el cuento de la inflación importada, la especulación de los comerciantes o la sobre exposición mediática. Encima, para nuestro principal vecino (Brasil) hemos vuelto a tener el estigma de país cocainero, en vez de convertirnos en el principal socio comercial de la 8va. economía mundial. Con tales evidencias me gustaría preguntarle al catedrático… ¿qué partecita no ha entendido que NO sabe absolutamente nada de economía?