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Cada vez crece más la inconformidad de los ciudadanos por la calidad de los servicios que brindan los Estados, haciéndonos la vida cuando menos tortuosa con un sinfín de tramites eternos para demostrar en cada institución que soy quien digo que soy. El principal problema es que la mayoría de los gobiernos no confían en sus ciudadanos y los ciudadanos no confían en sus gobiernos. De ahí que exista una seria de trámites burocráticos que deberían resolver ese problema, pero en realidad no lo hacen y lo terminan complicando más. Por eso es fundamental regresar a lo básico, que los gobiernos deben estar al servicio de los ciudadanos, para mejorar la calidad de vida de sus estantes y habitantes, y en tiempos digitales; como los que estamos viviendo, deberíamos esperar y exigir que el gobierno también debería ser digital. ¿Te imaginas dejar de peregrinar oficina por oficina del Estado; órgano legislativo, ejecutivo, judicial o electoral (nacional, departamental y municipal), con tu fotocopia de cédula de identidad; o todos los documentos que te piden todo el tiempo, y tu folder amarillo intentando convencer al funcionario público de turno que eres tú y terminar con el trámite eterno? Existe un pequeño país, casi del mismo tamaño del Departamento de Cochabamba de cerca de 1.3 millones de habitantes, llamado Estonia, que después de la caída de la Unión Soviética tuvo que reinventarse y se convirtió en uno de los países más digitales del mundo. De hecho, solo hay 3 cosas que tienen que hacer de manera presencial: casarse, divorciarse o comprar una casa. El punto de inflexión fue cuando, en 1997, decidieron adoptar un gobierno digital con el objetivo de mejorar la competitividad del estado, reducir los tiempos de trámites y mejorar el bienestar de la gente. En Estonia, el 98% de la población tiene una Identificación Digital, que te da acceso al 99% de los servicios gubernamentales online. Esto le significa un ahorro del 2% del PIB anual en salarios y gastos en la burocracia estatal. ¿Cuáles son los principios del gobierno digital de Estonia y como pusieron al centro de este proceso el servicio a los ciudadanos? Lo primero fue garantizar la confidencialidad y privacidad de los datos y la información de su Identificación Digital. Una vez verificado el usuario; a través de una verificación de dos pasos, el ciudadano tiene acceso a todos los servicios del Estado dentro de una sola herramienta que le permite su uso a través de la firma digital. Si algún funcionario público accede a su información, primero debe identificarse y tendrá solo acceso a los datos que requiere para hacer su trabajo, y a través de una especie de blockchain, se registrara quien accedió a su información y que uso le dio a la misma, quedando registrado en un archivo para que pueda consultar en cualquier momento garantizando transparencia en el uso de su información y evitando que violen su privacidad abusando del poder de cualquier funcionario público. El segundo principio es “Once Only, once is enough” (una sola vez es suficiente) es decir, el ciudadano sólo tiene que presentar un documento a una institución una sola vez y solo puede ser almacenado una sola vez en un solo lugar, y el Estado NO puede pedirte la misma información que otra institución ya le pidió. Con este principio se define quien es responsable de la custodia de su información y la actualización de esta y son los sistemas de las instituciones las que tienen que comunicarse entre sí (principio de interoperabilidad) y compartir información entre ellos, en vez de hacer peregrinar al ciudadano de una institución del Estado a otra institución del mismo Estado. Esto evita que la información sea centralizada y duplicada, evitando además que se tenga un solo punto de falla o vulnerabilidad. Para que el principio de interoperabilidad funcione adecuadamente se requiere una infraestructura de comunicación segura y robusta, y para esto desarrollaron una plataforma de intercambio de información llamada X-Road, que como una carretera conecta las bases de datos y los registros del sector público y privado en tiempo real, cuyo es rastro es almacenado y auditable después de cada movimiento. Finalmente, y muy importante, a diferencia de la mayoría de otros gobiernos, compañías tecnológicas y otros negocios en el mundo, la propiedad de los datos en Estonia es del ciudadano y es el que puede determinar el uso y acceso de estos a los organismos del Estado, además de realizar una auditoría de su uso ante una posible sospecha de mal uso. Mientras la mayoría de las compañías de tecnología ni siquiera quieren compartir información sobre el uso de nuestros datos. La idea central de este desarrollo fue la transformación del rol del estado, colocando al ciudadano al centro de la atención del gobierno. Es por lo que insistimos que la transformación digital, es fundamentalmente un cambio de mentalidad de la gente, en especial en sus relaciones de confianza, más allá de la tecnología en sí misma. Columna originalmente publicada en público.bo, el 13 de enero de 2022.

La digitalización es el proceso de transformar los procesos analógicos y los objetos físicos en digitales y es la expresión primaria de la transformación digital, e implica la adopción de herramientas tecnológicas para generar eficiencia en los procesos actuales de la empresa. Si, pero ¿qué significa esto en español? Por ejemplo, ¿has notado que los bancos ya no quieren enviarte tu estado de cuenta en papel y que ahora te lo envían a tu correo electrónico? eso es digitalización. ¿Has notado que en algunos comercios puedes pagar con un código QR o con transferencia bancaria? eso también es digitalización, porque ya no necesitas entregar físicamente dinero para realizar una compra. ¿Has notado que ahora puedes realizar un pedido desde una aplicación del negocio o a través de WhatsApp? eso también es digitalización. Y ¿cómo le afecta a la economía en general? En Estonia; el primer país digital del mundo, la digitalización, presumen, les supone un ahorro del 2% del PIB anual en salarios y gastos. Eso representaría cerca de 700 millones de dólares en Bolivia ahorrados en la burocracia estatal. ¿Te imaginas? El 99% de los trámites oficiales en Estonia pueden realizarse en cualquier momento y solo necesitas una conexión a internet. ¿Y cómo lo puedo implementar en mi negocio? Imagínate escanear todos tus documentos y almacenarlos en la nube para guardar todos tus archivos importantes, eliminando la necesidad de archivadores anticuados y espacio para guardarlos. ¿Cuáles crees que sería los beneficios? En lugar de tener que buscar el documento que necesitas en los archivadores de tu oficina o tu casa, podrías acceder a tus documentos desde cualquier dispositivo o desde cualquier lugar, incluso cuando estes sin conexión. Si esta digitalizado, la búsqueda será muy fácil y rápida, y mucho más si tu información está organizada a través de un patrón de categorías y etiquetas, que permite una búsqueda eficiente, además con la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR por sus términos en inglés), buscar entre los datos digitalizados de tus documentos escaneados es mucho más fácil todavía. Podrás compartir e intercambiar documentos con tus clientes, con tus trabajadores, con tus socios, con quien tú quieras, y podrán trabajar “al mismo tiempo” de manera colaborativa en cualquier documento que necesites elaborar. Es decir, cada uno puede trabajar cuando pueda y desde donde quiera, ya no es necesario realizar “juntas” con tus clientes, tus trabajadores o tus socios para revisar una oferta, una propuesta o resultados, estableciendo el acceso a los mismos dependiendo del usuario y las credenciales que les des para el efecto. Ya no será necesario, imprimir o fotocopiar cada vez, ahorrando mucho dinero en consumibles, y colaborando de manera significativa al cuidado del medio ambiente. Cuando tienes montones de documentos y desorden por todos los lados, disminuye el flujo de trabajo, generando estrés adicional al trabajo haciendo que todo sea más difícil de gestionar. El hecho de tenerlo digitalizado te permite asegurar no solo su disponibilidad y si no también que tu documento no sufra “accidentes”. Prácticamente todo puede hacerse digital, no solo documentos en papel, contratos, facturas, recibos, imágenes, fotografías, sonidos, etc, y, por lo tanto, la gestión de información se vuelve más conveniente. Ahora también ya no es necesario tener físicamente tu negocio, es suficiente con que tengas una página web, una cuenta en Facebook o Whatsapp y puedes tener tu tienda digital. Tú reto será generar confianza para que tus clientes digitales comiencen a comprar en línea, con algunas ventajas adicionales, tu tienda puede estar disponible 24/7 y no tienes que contratar a un vendedor, aunque es posible que necesites algunos conocimientos digitales o que si tengas que contratar a alguien que te ayude con el funcionamiento de tu negocio digital. Ahora, la digitalización no es tener una página web, cuentas en redes sociales y ya, estas son simplemente herramientas que permiten una vitrina diferente para exhibir tus servicios o productos. La digitalización no significa reemplazar los objetos físicos por digitales, si no, extraer, transformar y utilizar los datos digitales extraídos de soportes físicos, para automatizar procesos de negocios y flujos de trabajo. He ahí la importancia de la digitalización, porque permite construir la plataforma de exploración para explotar los datos, el nuevo petróleo del siglo XXI y después “refinarlo” para extraer su verdadero valor para iniciar el proceso de transformación digital. Lo que es seguro, es que las decisiones basadas en datos son mejores decisiones. Por eso se necesita tener una estrategia clara sobre los procesos a digitalizar, la información a recabar y la utilidad que le daremos a los “datos refinados”, caso contrario la inversión y el esfuerzo puede ser en vano y generar decepción o peor frustración. Columna originalmente publicada en público.bo, el 30 de diciembre de 2021.

La crisis de confianza en los Estados, sus instituciones y sus gobiernos, sumado a que los estados han ido implementando más medidas que violan nuestra privacidad y establecen medidas de política monetaria que minan los ingresos y el patrimonio de los ciudadanos, han creado las condiciones para el surgimiento de Bitcoin en particular y las criptomonedas en general. Bitcoin surge de las manos de Satoshi Nakamoto; quien ha permanecido anónimo, como respuesta a la crisis financiera global de 2008 que se desató debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos que estallo en octubre de 2007 y la intervención del Estado para salvar a las compañías en detrimento de los ahorros de las personas. Bitcoin es una moneda como el dólar, el euro o el boliviano, solo que es digital y NO esta emitido por ningún gobierno o su Banco Central y por ende controlado tampoco, permitiendo realizar transacciones peer to peer (P2P, por sus siglas en inglés), es decir, sin la necesidad de un tercero que garantice la validez de la transacción. Su funcionamiento se basa en la tecnología Blockchain (cadena de bloques), que permite almacenar una base de datos de todas las operaciones en la red de manera descentralizada casi imposible de hackear o falsificar, pues todos los miembros de la red tienen acceso a una especie de libro contable electrónico donde se registran cada una de estas operaciones. El valor del Bitcoin, al no estar respaldado por ningún gobierno, lo determina el mercado abierto y la confianza de las personas que la utilizan como medio de intercambio. Todas las transacciones con Bitcoin pueden ser rastreadas, eliminando el anonimato, aunque permitiendo el uso de pseudónimos. Aunque se ha creado una especie de mito sobre el anonimato de su uso, en realidad es bastante difícil permanecer anónimo cuando uno realiza transacciones con Bitcoin. Ahora sí, los usuarios de Bitcoin disfrutan de un nivel de privacidad mayor que los usuarios de servicios tradicionales de intercambio financiero, donde uno tiene que proporcionar información detallada personal a los intermediarios financieros y a los entes regulatorios gubernamentales y supragubernamentales, con el pretexto (valido o nó) de luchar contra el lavado de dinero o la legitimación de ganancias ilícitas. El Bitcoin no pretende reemplazar a las monedas tradicionales, sino constituirse en una alternativa al sistema de pagos, que elimine la vulnerabilidad de las monedas tradicionales a las políticas monetarias de cada país, y disminuya sustancialmente los costos de transacción y la velocidad de estas. Otro “problema” que se ha identificado de su uso, es la dependencia del internet y el consumo de electricidad; sobre todo de los “mineros” que participan en la red. La verdad es que el mundo depende del internet y la electricidad. Cuantas veces nos hemos encontrado limitados porque “se cayó el sistema” para realizar desde una transacción pequeña o un trámite vital. Y si bien hay una demanda adicional de energía por parte de los mineros del Bitcoin, estos buscan países o regiones donde el costo de la energía haga rentable su operación, pero el mundo mismo está buscando cada vez fuentes de energía más limpias y eficientes, así que no parece ser un problema en sí. La posibilidad de un “fraude” y no tener a quien recurrir para su reclamo, ha hecho que algunos países pretendan regular su funcionamiento a través de regulaciones y en algunos casos imponiendo impuestos, pero debido a lo innovador de su funcionamiento ha sido difícil prever un marco legal y regulatorio. Existen una docena de países en el mundo, que prohíben explícitamente el comercio con Bitcoin y otras criptomonedas, por tener economías controladoras de capital y de naturaleza centralizada. En el caso de Bolivia, el Banco Central emitió la Resolución de Directorio 144/2020 en la cual prohíbe a las entidades financieras procesar o vincular los instrumentos electrónicos de pago a operaciones de compra-venta de criptoactivos, a diferencia de países como El Salvador que adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal. Lo cierto es que el Bitcoin y las criptomonedas son una realidad, y han planteado la disputa entre libertad y control estatal sobre nuestros activos. ¿El verdadero valor del dinero ha regresado al soberano? Columna originalmente publicada en público.bo, el 16 de diciembre de 2021.

A enero del 2021, de los 7.83 miles de millones de habitantes, 5.22 tienen un celular, 4.66 son usuarios de internet y 4.20 son usuarios activos de alguna red social. Es decir, casi el 100% de la población urbana (lo cual no es necesariamente cierto) está conectado a una red social. Cada vez son más las personas que le creen más, a lo que se publica en las redes sociales que, a un medio de comunicación local o global serio, que realiza un trabajo serio de investigación antes de comunicar una noticia. Hoy, un influencer tiene más poder (de influenciar) que un político; primero en el ámbito de su “especialidad”, aunque cada vez más se busca aprovechar su influencia en el ámbito comercial y a veces político. Todas las empresas (serias) de servicios o venta al menudeo, han implementado un CRM (Customer Relationship Management) cuyo objetivo final es mejorar la atención y las relaciones con clientes y potenciales. El CRM es una aplicación que permite centralizar en una única Base de Datos todas las interacciones entre una empresa y sus clientes. Y como el CRM hay miles de aplicaciones cuyo objetivo es obtener métricas de todo lo que hacen los consumidores digitales. Lo complicado de las redes sociales, es que cada una se ha “especializado” por rubro y se ha creado una especie de monopolio sectorial. Facebook sigue siendo la red principal y nos sirve para contar historias e interactuar con tu “audiencia”, YouTube para subir tus videos, Instagram es para capturar momentos a través de fotografías, Linkedin es una red enfocada a hacer contactos profesionales y empresariales, TikTok permite crear, editar y subir videoselfies musicales de 1 minuto, y en Twitter tienes que comunicar con claridad y precisión (por la limitación de caracteres), pero puedes interactuar con quien sea. A enero del 2021, Facebook tenía 2.74 mil millones de usuarios activos, Youtube 2.29, Instagram 1.22, LinkedIn 0.74, TikTok 0.69 y Twitter 0.35. Si bien cada una de estas redes sociales tiene diferentes “audiencias”, todos tienen como factor común el like, y obviamente mientras más likes tienes, el algoritmo de cada uno de ellos, en mayor o menor medida, te hacen más visible y mejora tu posicionamiento, por eso es cada vez más todos se esfuerzan por el like, algunos venden y compran likes, y otros han optado por producir y “vender” contenido de calidad, para tener más seguidores. Esto desde la perspectiva de la oferta. Del otro lado, tenemos como nunca una sobrecarga de información y en promedio a nivel global pasamos cerca de 7 horas en internet y cerca de 2 ½ horas en las redes sociales, pero obviamente las tendencias varían de país a país. Dicen estudios de psicología, que cuanto más uses las redes sociales, más te va a costar estar sin ellas, para “no perder el tiempo invertido” y de esa manera nos volvemos cada vez más adictos a ellas. Y dado que el nuevo marketing; sobre todo digital, está más enfocado en despertar sentimientos, mientras no llevamos a un nivel consciente nuestra presencia en las redes, la perdida de privacidad y la información que compartimos, no es percibido y refuerza nuestra dependencia de las redes sociales. No obstante, las redes sociales, han permitido visualizar a los ciudadanos comunes y se han convertido en los mejores aliados contra regímenes autoritarios que tratan de implementar una narrativa afín a sus intereses. Aunque en algunos casos, también ha logrado fidelizar más a sus feligreses y polarizar más a las sociedades. A pesar de que los usuarios han manifestado abiertamente la desconfianza en Facebook, este se ha convertido en un imperio que aglutina dos redes sociales (Facebook y Instagram) y dos servicios de mensajería (WhatsApp y Messenger), con más de 3.500 millones de usuarios activos mensuales, definidos de forma más precisa por la compañía como individuos "registrados en Facebook, Instagram, Messenger y/o WhatsApp, que visitaron al menos una de estas plataformas a través de una app móvil o un navegador web en los 30 días anteriores a la fecha de medición”. Facebook ha sido el centro de controversia en las elecciones presidenciales de 2016 en USA, en el escándalo de Cambridge Analytica el 2018 y ahora por los “Papeles de Facebook”, cuestionando el uso de los datos de los usuarios, sus políticas internas y la hermeticidad para abrirse a investigadores independientes. Con todo, la red sigue creciente y parece que el valor que ofrece a sus usuarios es mayor que el costo de compartir su información privada al punto que la red conozca mejor sus preferencias que uno mismo. Lo peligroso del algoritmo de las redes, en especial el de Facebook, es que busca reforzar nuestras preferencias y puntos de vista, encerrándonos en una burbuja que hace eco de nuestras opiniones y nos hace creer que “nosotros” tenemos la verdad, haciéndonos perder la perspectiva de la diversidad del mundo. Como en todo, la diferencia es que las redes sociales sean un factor que refuerza la democracia o se convierta en una dictadura de los monopolios detrás de ellas, es la educación y el sentido crítico de la sociedad, y preguntarnos si eso que estamos leyendo, escuchando o viendo es la realidad o no; incluido este artículo. Columna originalmente publicada en público.bo, el 4 de noviembre de 2021.

El alumbrado público siempre ha significado símbolo de atención de parte de las autoridades locales a las áreas más alejadas del territorio, y con el tiempo se ha asociado a un entorno habitable, seguro y atractivo para los ciudadanos. En Bolivia, el alumbrado público es competencia de los Gobiernos Autónomos Municipales, y en la mayoría de las veces representa un gasto, pues a medida que la mancha urbana crece se requiere más recursos para comprar las luminarias y la infraestructura para su instalación, pagar el consumo de electricidad y garantizar su mantenimiento. Dado que la electricidad es proporcionada por las empresas distribuidoras de electricidad, este servicio normalmente se cobra en la factura de luz al ciudadano; como un porcentaje de su consumo, y se concilia las cuentas con la Alcaldía tanto por el consumo de energía eléctrica y en algunos casos por el uso de los postes donde se instalan las luminarias. Según el anuario estadístico 2018, emitido por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), en Bolivia, la demanda de electricidad para alumbrado público alcanza el 5.5 % de la demanda total de electricidad en el país. La mayoría del alumbrado público se basa principalmente en lámparas de vapor de sodio de alta presión y halogenuros metálicos, generando impactos negativos para el medio ambiente. Los sistemas tradicionales de alumbrado público han causado varios problemas como el propio mantenimiento o su bajo índice de reproducción cromática haciendo que todo parezca amarillento. Con la irrupción de la tecnología SSL (Solid State Lighting); comúnmente conocida como LED, se ha producido una revolución en el alumbrado público, debido fundamentalmente a que se reduce la demanda de electricidad y como consecuencia reduciendo sus costos de operación. Además de proveer a la población confort visual y seguridad, reduciendo impactos negativos al medio ambiente. Otras de las ventajas de la iluminación LED para alumbrado público son que estas alcanzan su máxima luminosidad de forma instantánea, no necesitan tiempo para calentarse, lo que las convierte en una fuente de luz más flexible, y como no contienen plomo, ni mercurio u otros gases nocivos son más respetuosas con el medio ambiente, generan menos emisiones de CO2, menor deslumbramiento al estar dirigidas a la superficie de la carretera y no afectan gravemente a la visión de los conductores, tienen un rendimiento de color más preciso, lo que facilita el reconocimiento de los objetos por parte de los conductores y de otras personas, generan más producción de luz, ya que la iluminación LED funciona mejor a temperaturas más bajas, lo que es beneficioso durante los meses de invierno, y pueden soportar condiciones climáticas más extremas, y tienen mayor protección contra el polvo y agua. Además, pueden ser controladas de forma remota, permitiendo que la iluminación sea atenuada cuando los sensores no detectan movimiento o se ilumine más cuando hay actividad. También se puede configurar para que se adapte a la densidad del tráfico o se puede combinar con el control del tráfico de vehículos, el clima y la cantidad de luz natural disponible. Hay una segunda generación de luminarias LED alimentadas con energía solar. Si bien su uso es recomendable en parques, jardines o áreas recreativas, su instalación rápida y sencilla, su iluminación eficiente, y al ser una luminaria autónoma, la convierte en una solución económica que cada vez gana más terreno con los nuevos y mejores modelos para ser usados en cualquier parte. Existe una segunda revolución en camino, que consiste en utilizar a las luminarias como parte del sistema de comunicación e interacción de una Ciudad Inteligente, a través del Internet de las Cosas (IoT). Para esto, el equipo de control de la luminaria (Driver o convertidor LED) debe incorporar capacidad almacenamiento y tratamiento de datos mediante arquitecturas digitales basadas en un microprocesador, y disponer de la capacidad de almacenamiento e intercambio bidireccional de esta información. Esto hace posible que cada luminaria para alumbrado exterior se pueda convertir en un servidor de datos (data-enabled lighting), y toda la infraestructura de alumbrado público, no solo sirve para iluminar, si no también pasa a ser un servicio de recolección de datos, almacenamiento y transmisión de estos, convirtiéndose en nodos de la infraestructura de Internet de las Cosas (IoT). Si sustituimos la infraestructura actual del alumbrado público por otra basada en tecnología punta, transformándolo en un sistema de alumbrado público inteligente, ahorraremos energía y por ende dinero. Con el ahorro generado por el consumo de energía eléctrica, se pude financiar perfectamente la sustitución de todas las luminarias antiguas y construir perfectamente un sistema de alumbrado público inteligente. Columna originalmente publicada en público.bo, el 18 de noviembre de 2021.

El dinero surgió cuando las poblaciones fueron creciendo y los trueques entre “conocidos” fue rebasado por la cantidad de población conocida ó cuando se comenzó a hacer negocios con otros pueblos y se requería un instrumento que permitiera el intercambio justo entre desconocidos. La primera moneda, tiene sus orígenes en Egipto, aproximadamente 2000 años antes de nuestra era, y tenía la forma de un trozo o barra de metal en bruto (un lingote) y se utilizaba para adquirir algún bien. Posteriormente, aproximadamente 800 años antes de nuestra era, se dividió los lingotes en un tamaño más pequeño, lo que hacía más fácil su intercambio y transporte, y finalmente se utilizó una inscripción en la pieza que tenía como función indicar su valor de cambio, según su peso. Al principio se utilizaban metales como el oro y plata (brillantes y difíciles de obtener) en cantidades fijas, y el sello funcionaba como garantía del emisor, por lo que existían varios emisores. Es así como inicio el sistema monetario metálico. Después de la moneda acuñada, el siguiente paso importante para el establecimiento de los sistemas monetarios fue la creación del papel moneda; donde, a diferencia de la moneda metálica que en sí misma tenía un valor por el material con el que se hacía; el papel moneda tiene un valor disociado de su propia materia prima. Sus orígenes se remontan a la China en el siglo IX, aunque su circulación en Europa y el resto del mundo inicio hasta mediados del siglo XII. El gran problema de la moneda metálica era transportar y verificar la autenticidad, principalmente en transacciones comerciales grandes, por lo que su principal objetivo del papel moneda o billete fue facilitar el intercambio comercial. Cuando los Bancos Centrales comenzaron a emitir (garantizar el valor) el papel moneda, este dejo de tener valor por si mismo y paso a ser una abstracción de su valor. Se suponía que el monto expresado en el papel moneda, era el equivalente a su peso en oro; es decir, a la sola presentación al emisor, este lo cambiaria por su equivalente en oro y así nació el patrón oro. En 1944, por los acuerdos de Bretton Woods, se estableció la convertibilidad de la divisa estadounidense con el oro, y del resto de divisas con el dólar. En 1971, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, estableció el fin del patrón oro, iniciándose así la fluctuación de las divisas. Posteriormente, apareció el dinero (moneda) de plástico, y aunque su origen se remonta a la primera década del siglo XX en Estados Unidos cuando, en 1914, la compañía Western Unión creó una tarjeta para sus clientes más selectos que les permitía acceder a un trato preferente y tener una línea de crédito sin cargos, su uso se hizo popular con la aparición de la Tarjeta Diners Club en 1950 y luego la American Express en 1958. El modelo de negocio se basaba en hacer de intermediario entre el establecimiento y el comprador, cobrando una comisión por transacción al primero y una comisión de mantenimiento al segundo, a cambio de un pago aplazado a final de mes sin intereses. El dinero plástico tiene dos modalidades: la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. La primera otorga al tenedor la posibilidad de hacer pagos diferidos por lo que puede comprar o sacar dinero de cajeros automáticos para reponerlo después. La segunda le permite realizar compras con la presentación de ella, en función del monto que tiene en su cuenta corriente en una institución bancaria o financiera, de modo que instantáneamente se produce en ésta un débito por la suma de la transacción. El sistema funciona dentro de una comunidad de pagos que tiene tres elementos fundamentales: el organismo emisor de las tarjetas, los titulares de ellas y los comerciantes adheridos a la red crediticia. Así, el dinero (metales, papel o plástico) no tiene hoy en día ningún respaldo en términos de metales preciosos, sino que su valor descansa en la confianza de cada individuo en su ente emisor; es decir, el Banco Central de su país y de que será aceptado como medio de pago por los demás. Hasta ahora, los bancos o las entidades financieras se habían constituido en los garantes del valor de uno de los principales activos, el dinero. Lamentablemente el valor de este se ha visto seriamente afectado por la decisión de cada país de emitir más dinero generando problemas de inflación (pérdida del poder adquisitivo del dinero), además de una centralización que busca controlar todas las transacciones financieras, desapareciendo nuestra privacidad en sus manos, con el argumento de luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas. Con la aparición en 2009 del Bitcoin, se crearon las criptomonedas o el dinero digital, convirtiéndose en una red internacional de pagos e intercambios descentralizados que no está respaldada por bancos o gobiernos, cuyo valor lo otorga el mercado y específicamente en el caso del Bitcoin, se crea a velocidad predecible y decreciente hasta llegar a los veintiún millones de bitcoins en el año 2140. El Bitcoin es neutral ante el emisor, el receptor e incluso el valor de la transacción, pues se cobra una pequeña comisión por la transacción independientemente del monto de esta, no se vincula a identidades; aunque se usan perfiles públicos perfectamente identificados que pueden ser seudónimos y su fortaleza está en la cantidad de participantes de la red descentralizada. Bienvenido al mundo de las criptomonedas, el dinero del futuro o el internet del dinero. Esto es el dinero digital o dinero 4.0. Columna originalmente publicada en público.bo, el 2 de diciembre de 2021.

Presentación de la denuncia del candidato a la presidencia del Estado, Jorge Tuto Quiroga, respecto a la gran estafa que significa la nacionalización de los hidrocarburos para Bolivia, después que en el periodo 2007-2014 el gobierno de Evo Morales regaló bajo la excusa de “costos recuperables” más de 5.083 millones de dólares a las empresas petroleras que se están enriqueciendo como nunca gracias a las riquezas del subsuelo boliviano…

El 18 de mayo de 2005, Hormando Vaca Diez (QEPD); a pesar de la oposición de Evo Morales y Carlos Mesa, promulgo la nueva Ley 3058 de Hidrocarburos en aplicación a los resultados del Referéndum del Gas, creando el Impuesto Directo a los Hidrocarburos con una alícuota del 32%; es decir, incrementando casi 2 veces más (177%) los ingresos fiscales para el país. El precio del gas de exportación al Brasil el 2005 era de $us 2/MM BTU y el 2013 es de $us 9/MM BTU; es decir, 450% más de ingreso sólo por efecto del incremento en el precio. Igual fenómeno sucedió con la Argentina, el precio del gas el 2007 era de $us 5/MM BTU y el 2013 de $us 10/MM BTU; es decir, el doble de ingresos. Durante este mismo periodo, los volúmenes de exportación y consumo interno se incrementaron significativamente, incrementándose un 72%. El 2005 exportábamos 5 MMCD (Millones de Metros Cúbicos Diarios) a la Argentina y 24 MMCD al Brasil, mientras el consumo interno era de 3 MMCD. El 2013 exportamos 15 MMCD a Argentina, 30 MMCD a Brasil y consumimos 10 MMCD internamente. Es por eso, que el 2005 exportábamos $us 1,500 MM (Millones de dólares) y el 2013 exportamos $us 6,000 MM; cuatro veces más, por efecto precio y volumen. Representando en conjunto con la reforma tributaria, casi 10 veces más en ingresos para el Estado. Con la Ley 1689 la renta petrolera promedio en el periodo 2001-2005 fue de 330 MM $us, con la Ley 3058 el 2013 los ingresos fiscales producto de la exportación de los hidrocarburos fueron de 3,000 MM $us. Ninguno de estos incrementos extraordinarios en los ingresos fue obra de Evo & Cia.; es más, se opuso sistemáticamente a todo. Se opuso a la firma del Contrato con el Brasil, se opuso a la construcción del gaseoducto al Brasil (los dos), se opuso al Referéndum el Gas que subía los ingresos al 50% para el Estado Boliviano, y se opuso a la Ley 3058 sancionada y promulgada por Hormando Vaca Diez (QEPD). Y cuando el niño comenzó a dar los primeros pasos, se autonombro el padrino y casi progenitor, bautizándolo con NACIONALIZACIÓN. El 1 de mayo de 2006 promulgo el Decreto Supremo 28701 incrementando 32% la tributación establecida en la Ley 3058, exclusivamente en los mega campos, incremento que las petroleras pagaron pero que el país tuvo que devolver, al no tomarse en cuenta los resultados de las auditorias (ocultas hoy en día) en los nuevos contratos, convirtiendo a la “nacionalización” en un espectacular show con militares, bandera y letreros incluidos como tristes actores de una gran mentira. Es por esto por lo que los beneficios recibidos por el Estado boliviano, nada tienen que ver con la falsa nacionalización de los hidrocarburos que Evo cacarea todos los días, aplicando la máxima fascista “miente, miente que algo quedará”, como lo hemos demostrado aquí son exclusivamente efecto simultaneo de la nueva Ley 3058 de Hidrocarburos, incremento de los volúmenes de exportación y consumo interno, y un incremento desmesurado de los precios internacionales de los hidrocarburos.

Parecería que la única manera de derrotar al inconstitucional candidato Evo Morales, es a través de la unidad de las diferentes oposiciones que existen en el país. Por lo menos esa es la sensación colectiva que se ha instalado en la gente. Pero es necesario distinguir quienes han sido coherentes y consecuentes en su lucha contra un régimen que se ha caracterizado por la corrupción, despilfarro, odio, resentimiento, abuso de poder, y los que han sido cómplices activos o silenciosos. El actual régimen tiene un voto duro de al menos un tercio de la población, así como otro tercio de esta ha sido inquebrantablemente voto opositor. Hay un tercio que voto por un cambio en la forma de gobernar pero que se ha desencantado y que claramente no ha definido hoy su voto. Lo que habría que preguntarnos es si la gente quiere la unidad de los dirigentes políticos; que aspiran (legítimamente) repetir 5 años más su cargo como asambleístas plurinacionales, departamentales o concejales municipales, o se quiere construir una Bolivia diferente con un liderazgo que no le interese tener una bancada de parlamentarios para proteger sus intereses o los de ciertos grupos. El tiempo comenzará a presionar a los “jefes” para tomar decisiones sobre las alianzas, pues muchos tendrán que incorporar en el cálculo personal su renuncia (todo funcionario público designado o electo) si aspira a ser candidato en función de las posibilidades electorales de la “unidad”. ¿Se quiere reproducir la experiencia de la Convergencia electoral y la divergencia parlamentaria? O peor aún, llegar al gobierno con una mega coalición parlamentaria, ¿que impida realizar las grandes transformaciones que el país necesita? Tuto Quiroga ha lanzado un reto a la oposición para derrotar a Evo en la primera o vuelta, o mínimamente para llevarlo a una segunda vuelta electoral. El reto consiste en que una semana antes a la realización de las elecciones #QueSoloQuedeElMejor de los opositores y el resto de los Candidatos declinen su candidatura para darle la posibilidad a la gente de concentrar el voto opositor. Este reto ha sido desestimado por Samuel Doria Medina; candidato de la alianza UN-Demócratas, desestimándola porque según él sería imposible realizarlo a esa altura de las elecciones. Hay que recordarle al país y a los electores, que fue el mismo Samuel que hizo que su Candidato a la Alcaldía de Sucre decline su candidatura para vencer al Movimiento al Socialismo faltando 5 días para las elecciones. ¿Si eso fue posible, para “salvar” la Alcaldía de Sucre porque no aplicar la misma fórmula para salvar a Bolivia de un régimen autoritario y totalitario? ¿Los intereses del país no son más importantes que la vanidad personal o las aspiraciones personales de algunos postulantes a la Asamblea Legislativa Plurinacional? Yo todavía creo que hay personas en la política que están dispuestos a anteponer los intereses del país pueden estar antes que los intereses personales, y como decía Mandela “todo parece imposible hasta que se hace”. El dilema es ¿estamos dispuestos hacer lo imposible para que sea posible?

Cuando el Estado deslinda su responsabilidad de financiar a las organizaciones políticas, estas están condenadas a buscar fuentes de financiamiento privadas. Los grupos de poder económico tienen intereses específicos y sectoriales, que condicionan su apoyo a partir de privilegios que distorsionan los objetivos de las organizaciones políticas y de sus candidatos, generando “facturas” que tarde o temprano se cobran. Siempre hay sectores privados que contribuyen al financiamiento de las campañas políticas por diferentes motivos; afinidad política, simpatía con el candidato(s), algún interés específico, etc. Mientras este es una de las fuentes de financiamiento, no es un problema. Es un problema, cuando esta se convierte en la única fuente de financiamiento, porque vuelve a lo(s) candidato(s) en rehenes, subordinando el interés público al interés privado y en particular de quien financio la campaña, privatizando la política. La diferencia se acentúa más entre el oficialismo y la oposición, debido a que el oficialismo cuenta con el manejo de los recursos públicos para realizar propaganda política disfrazada de publicidad gubernamental, o peor aún, ofrecer “favores de gestión” a los detentores del poder económico a cambio de apoyo a su organización política y candidatos. De esa manera fomenta el círculo vicioso de grupos de poder económico que se convierten en socios del poder político para reproducir el poder (económico para unos y político para otros). Y en caso de que estos no quieran “pactar” con el poder político siempre podrán ser desplazados por otros (que pueden ser parte del poder político) que estén dispuestos a jugar este rol. Los únicos que tienen alguna posibilidad de disputar un espacio de poder público, son los que por diferentes circunstancias poseen poder económico, cuyos ingresos no dependan del gobierno de turno o de sus decisiones políticas. Hoy, la posibilidad de llegar a grandes cantidades de personas les ha dado un poder a los medios de comunicación de intermediar los actores, el tiempo y el contenido del debate político, convirtiéndola en una disputa de ratings. Un segundo en televisión o radio es más importante que horas y horas de caminatas y contacto directo con la gente. Los medios de comunicación privados buscan generar utilidades para sus inversionistas, por lo que venden espacios publicitarios a las organizaciones políticas o a los candidatos, negociando –en algunos casos- como parte del paquete entrevistas que permita su promoción. Los medios de comunicación públicos o gubernamentales, buscan reproducir el poder de los que están en la gestión, por lo que vetan a las organizaciones políticas de oposición o difunden lo que les conviene. Mientras el Estado no restituya el financiamiento público; es decir nosotros los ciudadanos a través de nuestros impuestos, a las organizaciones políticas, seremos prisioneros de la privatización de la política.

No es casual que después de más de 50 años Estados Unidos haya decidido cambiar su política exterior respecto a Cuba. Los altos precios del petróleo han logrado grandes inversiones en todo tipo de energías, poniendo en riesgo la dependencia del combustible fósil utilizado como principal fuente de energía. Las grandes reservas de petróleo de esquisto que se han descubierto en Estados Unidos; que se explota mediante el fracking o fractura hidráulica, han generado un desbalance en el mundo energético convirtiéndolo en un nuevo jugador de la oferta. Desde la década del 70 no había logrado la mayor producción doméstica de crudo, por lo que pasó de ser un voraz comprador a un potencial vendedor de hidrocarburos, necesitando con urgencia abrir mercados. El mercado natural de Estados Unidos es Latinoamérica, por lo que lo primero que necesita es cambiar su imagen del “Imperio” por una más suave que le permita ofrecer shale gas o shale oil y poder competir con Petrocaribe; empresa creada por el extinto presidente Hugo Chávez para controlar los votos de estos países en varios organismos internacionales (ONU, OEA, etc.) a cambio de petróleo subsidiado por Venezuela. La baja del precio del petróleo pone en riesgo que Petrocaribe pueda seguir subsidiando a estos países y los obliga a pensar en la necesidad de sustituir esta fuente de energía, para lo cual necesitan cambiar sus políticas de protección a inversiones privadas en especial en esta área. Pensando en esto, Estados Unidos realizó la primera Cumbre de Seguridad Energética en el Caribe poco después del anuncio del Presidente Obama de restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba y pedir al Congreso Norteamericano levantar el embargo a la isla. El desarrollo de la industria y por ende el crecimiento económico de cualquier país son una variable dependiente de la energía, por lo que sus relaciones exteriores están basadas en el balance energético interno y externo. Un Estado serio, diseña principalmente su política exterior en función de su matriz energética y su dependencia tecnológica. Cuando un país es altamente dependiente de los ingresos generados por las materias primas; en especial de combustibles fósiles, sin haber logrado procesos de industrialización y diversificación de su economía, está sujeto a que los precios internacionales fluctúen en función de variables tecnológicas y políticas que no son controlables ni predecibles. En Bolivia hemos transitado modelos económicos, pero siempre hemos mantenido el mismo patrón monoexportador de materias primas. La década de la bonanza de materias primas, parece haber concluido y lamentablemente no hemos aprovechado nuestro potencial energético (solar, eólica, hidráulica, geotérmica, biomasa, gas natural y litio) y nuestra posición geopolítica estratégica para convertirnos en el centro energético del cono sur.

La autonomía es un proceso de descentralización política y fiscal que delega a los gobiernos subnacionales la facultad de elegir a sus propias autoridades, conformar sus propios órganos de poder y emitir sus propias normas dentro del marco de la Constitución Política del Estado. Uno de los factores más importantes para que los gobiernos autónomos puedan cumplir con sus competencias, es que cuenten con los recursos suficientes. Para esto es fundamental que compartan con el nivel central del Estado la facultad de generar y administrar los ingresos fiscales y eso supone un pacto fiscal. Esto supone una transformación vital entre la relación ciudadanía-gobierno, puesto que un adecuado diseño puede representar fortalecer al Estado en su capacidad de formalizar las actividades económicas, partiendo del principio de subsidiariedad y corresponsabilidad fiscal, ampliando su capacidad de fiscalización y de promotor del desarrollo económico en función de su vocación productiva y sus potencialidades. La transición de un Estado centralista a uno con autonomías requiere voluntad política y romper con la lógica paternal, delegando funciones y compartiendo responsabilidades. La concepción tradicional supone que el gobierno nacional recauda los impuestos y los distribuye a los gobiernos subnacionales a partir de ciertos criterios no necesariamente adecuados a las responsabilidades delegadas. Por eso se requiere confianza en que los gobiernos subnacionales pueden realizar tareas tradicionalmente exclusivas del nivel central. Actualmente, salvo los impuestos a la propiedad de bienes inmuebles, vehículos automotores y a la transferencia de estos, el resto de los impuestos son recaudados por el gobierno nacional. El pacto fiscal es la oportunidad para cambiar esta lógica paternalista y transformar el modelo tributario en uno de abajo hacia arriba, es decir que los gobiernos que están más cerca de la gente; municipales e indígenas, sean las principales agencias tributarias estatales a través de un sistema interconectado y de distribución automática, con un solo número de identificación tributaria que amplíe la capacidad estatal impositiva. Es decir, que cualquier persona natural o jurídica pueda realizar todos los trámites impositivos y sus respectivos pagos en cualquier gobierno municipal generando un efecto de sinergia en la formalización de las actividades económicas y en el pago de sus tributos. Esto permitiría un ahorro sustancial de tiempo para los ciudadanos, en los engorrosos trámites que tiene que realizar en todas las instancias estatales para desarrollar un negocio. Además, podría permitir al Estado y al ciudadano tener un estado consolidado de todas las actividades económicas sujetas al pago de tributos, facilitando la información para la elaboración de las cuentas nacionales, estadísticas por rubro o región, etc. La crisis, como la que aparentemente nos tocará enfrentar debido a la disminución de los precios internacionales de las materias primas, puede convertirse en una oportunidad para concretar acuerdos políticos que redistribuyan la responsabilidad fiscal en beneficio de todos. Convirtiendo a los gobiernos autónomos en un aliado del desarrollo económico y no simples prestadores de servicios. Este paso, significaría una gran revolución y consolidaría la autonomía a partir de las potencialidades de cada región, de sus capacidades institucionales y de su propia realidad.