25 mayo 2011

Democratizar la justicia o autonomía judicial

Desde que en el Palacio de Gobierno tenemos a un dirigente sindical en vez de un estadista, las instituciones están pretendiendo ser transformadas a partir de su comprensión de la política a título de la refundación del país con el –tan mentado- proceso de cambio, cuyo instrumento principal es la Nueva Constitución y la instauración del Estado Plurinacional.

Esta lógica –sindical- ha transformado al Congreso Nacional en la Asamblea Legislativa Plurinacional y sus respectivas normas internas, limitando el debate político al fijar posición e inmediatamente someterlo al voto. Han sido innumerables las ocasiones; por no decir todas, que este Órgano se ha convertido en un espacio de gimnasia de genuflexión manual (levantando la mano) de las órdenes de Evo Morales.

La última demostración de esto último es, que mientras los asambleístas del oficialismo se rasgaban las vestiduras diciendo que no se podía modificar ni una coma la Ley del Régimen Electoral, el presidente ordeno la modificación del artículo 82 de dicha norma. En un acto de subordinación vergonzosa, el Órgano Electoral inmediatamente elaboro una propuesta para hacer eco de la propuesta del Secretario Ejecutivo del Sindicato que gobierna.

¿Cuál es el objetivo de la elección de las autoridades del Órgano Judicial? ¿Democratizar la justicia? O a título de que el pueblo gobierna, copar una institución cuyo único mérito de sus autoridades, será haber sido propuesto en las ternas por el partido oficialista o en el mejor de los casos ser algo popular. La lógica del Presidente es sindical, la justicia la administra la Asamblea del sindicato y como no puede organizar a todo el país en un sindicado, entonces nombra “delegados judiciales” de la voluntad popular.

Votar por las máximas autoridades del Órgano Judicial ¿hará que nuestra democracia sea más sólida? ¿Garantizará que sus decisiones sean las más ecuánimes o justas? ¿Qué el principio de imparcialidad se cumpla? ¿Qué tengamos el derecho al debido proceso? ¿Qué la presunción de inocencia sea respetada? ¿Qué los opositores de ahora o de mañana, tengan garantías a sus derechos humanos o constitucionales? Lamentablemente la respuesta es NO, simplemente confirmaremos que seguimos con la justicia al servicio del poder político de turno.

La administración de justicia, no necesita ser democratizada. Necesita gozar de autonomía, tal como reza la antigua y la nueva Constitución. Necesita de gente capaz, idónea y proba, que no esté sujeta a los caprichos políticos de quienes circunstancialmente los eligieron; o en este caso, los seleccionaron. Que pueda administrar sus propios recursos (humanos y financieros), para tener el suficiente personal capacitado y que pueda llegar a los rincones más lejanos del país, sin que los ciudadanos sientan una especie de inexistencia del Estado para en base a razones se resguarden sus derechos y se castigue a quienes los vulneren.

Y eso, solo lo lograremos cuando se cumpla un principio básico del cualquier Estado moderno. Cuando exista una real separación de los Órganos del Poder Público y estos funcionen con autonomía. Y cuando a partir de esto se comprenda que el desarrollo democrático de un país, pasa por cualificar a sus cuadros encargados de la administración de estos órganos.

Mientras tanto, los ciudadanos estaremos sujetos al capricho de quienes sustentan el poder político y por ende prisioneros de la prebenda o el clientelismo de caudillos que abusando de la ignorancia de la gente, ostentan el poder a título de la democracia.

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